EL GOBIERNO FRACASA EN LA ESTIBA

Un grupo de estibadores saludan desde la tribuna de invitados del Congreso donde hoy se debatia el real decreto ley de reforma de la estiba. EFE/Ballesteros
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La derogación del texto legal es un duro varapalo parlamentario al Ejecutivo sin precedentes desde 1979


El Gobierno ha sido incapaz de convalidar en el pleno del Congreso el real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores y que aprobó el consejo de ministros del 24 de febrero. El Ejecutivo sufre en el Congreso un triple varapalo: parlamentario, económico y europeo. Destaca el coste parlamentario, porque nunca desde 1979 —y salvo un error que se solventó inmediatamente en 2009—, un Gobierno no había podido reunir la mayoría simple necesaria para convalidar un decreto ley. El Ejecutivo da muestra de debilidad política al no haber podido sumar apoyos a la norma, porque finalmente solo ha tenido la abstención de Ciudadanos y el voto a favor del PNV, frente al resto de la Cámara para dibujar la sonora derrota parlamentaria. La derrota en la votación anticipa las dificultades de Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos y avanzar en la legislatura.

Incluso sale aún más deteriorada la relación del PP con su principal socio, Ciudadanos, por el malestar del Gobierno por los giros de Albert Rivera y por abandonarles en el último momento en estas circunstancias. Han sido 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones (Íñigo Errejón se ha abstenido por error).

Una sentencia europea del 11 de diciembre de 2014 obligaba a cambiar el sistema de funcionamiento de la estiba en España. Hasta ahora no se había llevado a cabo la reforma. Pero el Gobierno este año, justo cuando no tiene mayoría absoluta, aceleró el proceso: a principios de febrero de este año presentó su reforma. Con el decreto ley del Gobierno, de solo cuatro artículos, se rompieron los monopolios con los que todavía opera el sector de la estiba: se liberalizó el establecimiento de las empresas en los puertos y la contratación de trabajadores. Las compañías que quisieran operar, no tendrían que participar de una Sagep (la sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios que ahora tiene el control) ni contratar obligatoriamente a sus estibadores con determinadas condiciones laborales. Sin embargo, la norma necesitaba el apoyo parlamentario, y no lo ha logrado.

El decreto ahora queda derogado y el conflicto laboral seguirá abierto una vez que los sindicatos de estibadores han rechazado todas las ofertas de la patronal y del Gobierno. Los trabajadores de la estiba, eso sí, han desconvocado la huelga prevista para mañana en los puertos.

El varapalo económico y laboral deja al Ejecutivo inerme ante las exigencias de los trabajadores del sector, que piden que se mantenga un sistema de listas cerradas para acceder a los puestos de estibador. La derrota parlamentaria lanza mensajes de debilidad sobre el margen de maniobra del Ejecutivo en esa negociación y en futuros conflictos.

Además, según ha explicado desde la tribuna el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el decreto ley es consecuencia de una sentencia europea que ha acumulado una multa a España de 27.500 euros al día desde la resolución de la justicia europea en 2014 hasta hoy, acumulando una deuda de 23 millones de euros. La multa pasará a ser de 134.000 euros al día, siempre según su versión. Para eso falta una decisión judicial que todavía debe llegar de Bruselas.

Ese dinero todavía no ha tenido que desembolsarse, pero es cierto que la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, advirtió de que España debería hacer frente a la sanción si no lograba una regulación que se adaptara al mandato comunitario. Y, como le han hecho ver varios portavoces durante el debate, el Gobierno de la mayoría absoluta y la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor, no solucionaron el problema desde 2014.